Prisas y errores podrían costarle a Sacyr los arbitrajes contra el Canal de Panamá

La Autoridad del Canal denuncia que el consorcio liderado por Sacyr se ha saltado los pasos
previos al arbitraje y cree que eso jugará en su favor. 

 

Las obras de la tercera esclusa del Canal de Panamá habrán finalizado definitivamente el 31 de diciembre de 2017, según el último cronograma publicado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Con la obra al 99,6%, al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio conformado por
Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ya sólo le quedan por cobrar 20 de los 3.110 millones de euros del contrato. Otra cosa son los 4.600 millones de euros que el consorcio está reclamando a la ACP por sobrecostes.

La descomunal cifra, un 67% más del valor del contrato, no intimida a la administración del Canal, sobre todo cuando creen que las reclamaciones de GUPC no están bien hechas y fundamentadas. El consorcio sacó las reclamaciones que todavía estaban pendientes de la Junta de Resolución de Conflictos, paso previo al arbitraje, y las presentaron agrupadas al tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de Miami. “Por la lentitud del procedimiento de arbitraje contractual”, explicaba Sacyr en su último informe anual.

 

 

Un experto independiente contratado por el consorcio, según comunicó la propia constructora, prevé que se recuperarán 1.360 millones del total reclamado, de lo que a Sacyr –con una participación del 41%- corresponderían 567 millones de euros.

La desesperación de GUPC es comprensible: algunas reclamaciones sin resolver datan del 2011. Hasta el momento, Sacyr reconoce que el consorcio sólo ha recuperado 285 millones de euros, de los que incluso puede ser obligado a devolver 205 millones que también están en arbitraje. Un experto independiente contratado por el consorcio, según comunicó la propia constructora, prevé que se recuperarán 1.360 millones del total reclamado, de lo que a Sacyr –con una participación del 41%- corresponderían 567 millones de euros.

Según las autoridades del Canal, que el consorcio se haya saltado los pasos para reclamar, les beneficiará. Así lo cree también Milton Henríquez, embajador de la República de Panamá en España. “Cuando una parte no sigue los procedimientos contractuales, se debilita enormemente su posición en cualquier pretensión posterior, porque ha incumplido la ley”, apuntó el diplomático en entrevista con LaInformación.com. Expertos en arbitraje como José María Beneyto, director del Centro Internacional de Arbitraje del Instituto Universitario de Estudios Europeos del CEU, le restan importancia. “No respetar los elementos contractuales puede mostrar mala fe y jugar en su contra (de GUPC), pero no es definitivo...”, dijo el catedrático.

Desde Panamá, tantos sobrecostes no les cuadran. “Resulta un poco incongruente presentar reclamaciones que doblan y superan en demasía el monto total del contrato, eso solo podría sugerir que hubo alguna irregularidad a la hora de los cálculos por parte de los proponentes que ganaron la licitación”, apunta la abogada Pilar Vásquez, presidenta del capítulo panameño del Club Español del Arbitraje. Como dice Beneyto, es una simple cuestión de estrategia, pues “en las reclamaciones cada parte va siempre a por el máximo”.

Optimismo panameño

Al paso en falso que parece ha dado el consorcio, la ACP suma a su optimismo el triunfo del pasado 31 de julio cuando GUPC perdió el primer arbitraje contra ellos. Los sobrecostes alegados por GUPC debido al cambio en las condiciones físicas en la construcción de una ataguía (dique) en la entrada del canal por el Pacífico, fueron desestimados por el tribunal arbitral de Miami. En total, 162 millones de euros que la ACP no pagará y casi 20 millones que GUPC tendrá que abonarle por concepto de gastos del juicio.

El administrador del Canal, Jorge Quijano, cree que esta victoria puede “sentar la base para que muchos de esos otros reclamos se comiencen a desmoronar”, como declaró a la agencia estatal china Xinhua a los pocos días del laudo arbitral. En Madrid, el representante del Gobierno
panameño confirma el porqué de ese optimismo. “Los argumentos utilizados por la parte demandante son prácticamente idénticos en los demás procesos arbitrales. Tenemos mucha confianza en que los fallos serán consecuentes con este primer fallo”, explica Henríquez, quien zanja que “las pretensiones de la contraparte carecían de sustento que permitiera darle la razón”.

Otro juicio en Londres 

Además de los arbitrajes en la Junta de Resolución o en el tribunal de Miami, GUPC tiene otro frente abierto con los panameños en Londres. Ante la falta de liquidez de GUPC, la ACP aceptó adelantar 730 millones de euros para continuar las obras en el canal en distintas fases del proyecto. La condición era que GUPC entregara cartas de crédito por esa suma. Si GUPC no cumplía, el Canal tendría forma de recuperar su dinero. Pero a finales de 2016, parece que Sacyr y sus socios no pudieron renovar dos cartas por valor de 250 millones de euros. Ningún banco había accedido a respaldarlos.

La forma en que Sacyr intentó esquivar esa falta de financiación fue recurrir al árbitro de Miami, para que se suspendiera esa obligación de crédito “hasta la culminación de los reclamos”, es decir, hasta el 2022, como ya calculan tanto el consorcio como la ACP. En su reclamación, según la agencia DPA, el consorcio acusó a los panameños de manipular en su contra a los bancos para que no le dieran dichas cartas. El administrador del Canal tuvo que salir a desmentir estas acusaciones.

Pero esas cartas de crédito no se regían por arbitraje, sino por las leyes inglesas. Como comprobó LaInformación en el fallo del juez William Blair, el Juzgado de lo Mercantil del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra aceptó el caso en septiembre, aunque no resolvió de inmediato a favor de la ACP, al respetar el derecho de GUPC a apelar. Si bien estaba prevista una nueva audiencia para finales de noviembre, hasta el momento no se ha producido, cumpliéndose así un año sin que Sacyr y compañía cumplan con el aval. Para esta reclamación parece que no tienen prisa.

No te metas con mi canal 

El Canal de Panamá es para los panameños mucho más que una conexión interoceánica. Desde el año 2000, el Canal ha ingresado en las arcas públicas casi 10.000 millones de euros, gracias a los peajes de los más de 13,500 barcos que lo transitan anualmente. De todo ese tráfico, 2.344 fueron buques de gran calado (neopanamx) que utilizaron las nuevas esclusas inauguradas el 26 de julio de 2016. El peaje medio por barco es de 675.000 euros, con lo que el Canal facturó casi 1.600 millones de euros en poco más de un año sólo con las nuevas esclusas “marca España”.

 

Entre 2013 y hasta mediados de 2018, la ACP se habrá gastado en servicios legales, asesorías e informes técnicos más de 90 millones de euros, la mayoría relacionados con las reclamaciones de GUPC


“El Canal para los panameños, representa lucha, orgullo y pasión”, dice Pilar Vásquez. Una mina de oro que había que defender muy bien de amigos y extraños. Por eso el Canal está protegido y se rige directamente por la Constitución panameña, “para garantizar que en el Canal no se actúe en contra de los más altos intereses nacionales”, explica el embajador Henríquez.

Frente a las disputas con extranjeros como GUPC, no se escatiman gastos. Los prestigiosos bufetes estadounidenses Mayer Brown LLP y Vinson & Elkins LLP son los encargados de luchar en Miami y Londres por una victoria del Canal. Sirva este simple dato: entre 2013 y hasta mediados de 2018, la ACP se habrá gastado en servicios legales, asesorías e informes técnicos más de 90 millones de euros, la mayoría relacionados con las reclamaciones de GUPC.

Aunque resulte paradójico, la ACP ya está maquinando otra mega obra: una ampliación de mayor envergadura para el 2025. Sin haber cerrado las disputas con GUPC, ¿se animará Sacyr nuevamente a licitar?. 

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